Cientos de empresas carecen de la nueva autorización ambiental necesaria para operar

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(El Mundo).- La aplicación de las nuevas normas sobre contaminación obliga a las instalaciones industriales a contar con un permiso ambiental. Ecologistas en Acción denuncia que unas 3.000 fábricas españolas no la han conseguido todavía, pese a que está a punto de vencer el plazo para hacerlo.

Según denuncia la ONG Ecologistas en Acción, hay 3.000 industrias españolas que aún no tienen autorización ambiental para operar, pese a que el próximo 30 de octubre finaliza el plazo establecido en 1996 por la Directiva Europea sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación para que obtengan ese permiso imprescindible para poder operar en la Unión Europea.

La intención de la Directiva era procurar una mejora sustancial del comportamiento ambiental de la industria europea, previniendo en origen la contaminación mediante la implantación de la Mejores Técnicas Disponibles y el establecimiento de valores límites de emisión al aire. Asimismo, se buscaba unificar los múltiples permisos ambientales existentes en cada Estado miembro en uno único, la Autorización Ambiental Integrada.

Sin embargo, a pesar de los 11 años de plazo otorgados para realizar esta adaptación administrativa y ambiental, más de la mitad de las empresas españolas sometidas a esta legislación no han obtenido aún su permiso. Ecologistas en Acción recuerda que, según las normas, las empresas que carecen de autorización deben cesar su actividad, arriesgándose en el caso de mantenerla ilegalmente a sanciones que pueden alcanzar los 2 millones de euros en cada caso.

Según Ecologistas en Acción a los seis años que tardó el Gobierno de José María Aznar en trasponer la Directiva a la legislación española, con la aprobación en 2002 de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, se suma la penuria de medios aportados por las comunidades autónomas para aplicar la norma (con trámites que se alargan hasta 3 años, cuando el plazo legal máximo de resolución es de 10 meses), y el desconocimiento y desidia de las empresas afectadas para presentar sus solicitudes y proyectos de adaptación.

De hecho, la mayor parte de los mismos no se han presentado hasta finales del año pasado, aprovechando una disposición transitoria de la Ley española introducida por el Ministerio de Jaume Matas que permitía a las empresas seguir funcionando indefinidamente sin autorización ambiental, siempre que la hubieran solicitado antes del 1 de enero de 2007. Esta disposición ha sido impugnada por la Comisión Europea ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo, y previsiblemente será derogada por la Ley de Calidad del Aire una vez que la misma salga de las Cortes Generales, antes de fin de año.

Para Ecologistas en Acción la situación se complica, porque los inventarios publicados por las autoridades españolas dejan fuera a muchas instalaciones, de forma que todavía al día de hoy es muy difícil saber incluso el número exacto de empresas sujetas a la norma.

Gracias a Comunidades como Cataluña, que se adelantó tres años en la transposición de la Directiva Europea con su propia Ley de 1999, la cobertura media en el Estado podría acercarse al 40% de industrias autorizadas en plazo, aunque por ejemplo Castilla y León se encuentra por debajo del 20% y Cantabria en un 5%.

España en el furgón de cola

Países como Luxemburgo, Alemania, Bélgica, Holanda y Reino Unido llegan al día de hoy con la práctica totalidad de sus empresas autorizadas, encontrándose España en el furgón de cola junto a otros Estados como Grecia, Polonia o Portugal.

Ecologistas en Acción calcula que más de 3.000 empresas españolas no cuentan con la autorización ambiental integrada que las habilite para continuar su actividad. La ONG lamenta en su comunicado que, además, las autorizaciones ambientales otorgadas hasta ahora no consideran en general las Mejores Técnicas Disponibles ni la capacidad de carga del medio ambiente afectado por cada industria, limitándose a trasladar los límites de emisión de la normativa vigente, en algunos casos procedente de 1975.

Ante el incumplimiento generalizado de la Directiva Europea sobre Prevención y Control Integrados de la Contaminación, Ecologistas en Acción exige a la Administración central y autonómica que aporten los medios humanos necesarios para superar el colapso actual, así como un mínimo rigor técnico en los condicionados ambientales de las autorizaciones, en particular en lo referido a valores límite y sistemas de control de los mismos. Asimismo, insta a la industria a que cumpla con su obligación de adaptar sus procesos a las Mejores Técnicas Disponibles, limitando la contaminación que genera en su entorno.

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