El Congreso convalida el decreto de C02 por una amplia mayoría

Al final, casi todos contentos. Las eléctricas, porque confían en ser oídas a partir de marzo y el Gobierno porque ayer consiguió convalidar en el Congreso el real decreto que minora los ingresos extraordinarios obtenidos por estas compañías cuando trasladan a precios de mercado el coste de los derechos de emisión de CO2 que reciben de forma gratuita. Según los cálculos efectuados por el Ministerio de Industria, esta medida restará a las empresas del sector 1.446 millones de euros en los ingresos del año que viene. El real decreto prosperó en la Cámara Baja con el respaldo del Grupo Socialista, Izquierda Unida-Verdes, Esquerra Republicana y el Bloque Nacionalista Gallego. Al final, el compromiso del Gobierno de tramitarlo como proyecto de ley en la próxima legislatura hizo que el PP y CiU se abstuvieran, al igual que el PNV. Se trata de las formaciones políticas sobre las que más se ha volcado en los últimos días la presión de las eléctricas en su intento de frenarlo. De la posible orfandad de este compromiso de tramitarlo como proyecto de ley dio buena cuenta ayer el portavoz de Economía de CiU, Josep Sánchez Llibre, al solicitar con ironía al presidente del Congreso de los Diputados, Manuel Marín, que le detallara la agenda que seguirá esta tramitación. Marín le respondió también con ironía que primero se tendrá que reunir la Mesa del Congreso para calificar el proyecto de ley y después la Junta de Portavoces para determinar las fechas del debate. Ambas citas carecen de sentido puesto que Las Cortes se disolverán el próximo 14 de enero. Así pues, será el Gobierno que nazca de las elecciones del 9 de marzo el que decida cómo elabora este proyecto de ley y cuando lo envía al Parlamento. Mientras tanto, el real decreto-ley, que entró en vigor el pasado día 8, continuará vigente. En todo caso, el ministro de Industria, Joan Clos, se comprometió ayer a enviar a Las Cortes un proyecto de ley en la próxima legislatura si el PSOE vuelve a ganar las elecciones, lo que permitiría a los grupos la introducción de enmiendas y satisfacer, en su caso, los intereses de las eléctricas. Clos reiteró ayer que la nueva normativa está 'plenamente justificada' y responde a una política 'de defensa de los consumidores y contribuyentes'. Recordó que el año pasado el Congreso respaldó una medida igual a la debatida ayer y aseguró que esta normativa 'ha demostrado su utilidad', ya que va a permitir reducir el déficit tarifario de ese ejercicio en 1.150 millones. En la misma línea se pronunció ayer la portavoz de Industria del PSOE, Charo Velasco, quien consideró la convalidación del real decreto como 'un asunto de justicia que no va en contra de las eléctricas'. La Asociación Española de la Industria Eléctrica advirtió ayer que el sector 'no se cruzará de brazos' si en su tramitación como proyecto de ley el decreto sigue exigiendo a las eléctricas el pago de 2.700 millones por los derechos de emisión de gases de efecto invernadero.