España, en el marco del de política energética Comunitaria, ha dado el primer paso para adaptar los requerimientos del Paquete de Energía y Cambio Climático de la Unión Europea, al marco jurídico nacional.
La UE apuesta por la captura y almacenamiento geológico de carbono como una tecnología de transición que contribuirá a mitigar los efectos del cambio climático, según los estudios realizados en ésta materia, aplicando ésta tecnología podría evitar en 2030, las emisiones correspondientes al 15% de las reducciones exigidas en el ámbito de la Unión.
A la hora de trasponer las obligaciones al sistema legislativo español, se ha decidido crear una nueva Ley que permitiese desarrollar las singulares características de la captura y almacenamiento de carbono, en lugar de modificar otras normas de nuestro ordenamiento como la actual Ley de Minas.
Por lo que respecta a la regulación de la captura, se considera que queda ligada a la normativa sobre prevención y control integrado de la contaminación, en línea con lo previsto en el ámbito comunitario. No obstante, el texto no contempla la regulación del transporte, cuestión que podría abordarse a través de la normativa relativa al gas natural (sin perjuicio de la sujeción a evaluación de impacto ambiental de los proyectos).
Los principales elementos recogidos en el proyecto de Ley de Almacenamiento de Carbono son:
" Regular el permiso de investigación, para determinar la capacidad y lugar de los almacenamientos.
" Regular la concesión de almacenamiento de CO2.
" Regular el funcionamiento del lugar de almacenamiento, incluyendo: Seguimiento e inspección de las instalaciones, notificación de irregularidades y medidas correctoras.
" Regular el cierre y sellado del lugar de almacenamiento.
" Transferencia de responsabilidad al Estado tras el confinamiento del CO2.
Tras ser aprobado por el Gobierno, el único trámite restante es ser aprobado en el Parlamento para incorporarla como Ley.
Fuente: Infoambiental
