El Consejo de Ministros aprobó el viernes el Plan de Contratación Pública Verde, con el que el Ejecutivo someterá a una auditoría ambiental todas las compras de bienes y servicios que realiza la Administración General del Estado (ministerios y organismos autónomos) y Seguridad Social para rebajar los costes que generan.
Poner en marcha cada día toda la maquinaria pública tiene un precio, cada vez más alto por el mayor consumo de energía y de agua y el encarecimiento de los artículos y servicios (papel, fotocopiadoras, impresoras o vehículos, entre otros) que tienen que contratar por un uso cada vez más intensivo. Según los cálculos del Ministerio de Medio Ambiente, el coste de la factura asciende al 18% del PIB, es decir, casi 150.000 millones de euros. En esta nota se incluyen todas las compras, consumos y servicios que realizan las tres administraciones públicas (central, autonómica y local) así como los que corresponden a las delegaciones de la Seguridad Social.
Un coste demasiado alto y que no está sujeto a criterios medioambientales, algo a lo que no está dispuesto el Ejecutivo, más aún cuando aún se está lejos de cumplir con los objetivos del protocolo de Kioto. Por este motivo, el Consejo de Ministros aprobó el viernes el Plan de Contratación Pública Verde, con el que el Gobierno quiere ponerse como ejemplo ante las otras administraciones, al comprometerse a realizar una auditoría medioambiental en todas las compras que haga hasta 2010 para rebajar el coste que estas suponen para las arcas públicas.
Con este propósito, el Gobierno aprobó un plan en el que se ha fijado una serie de objetivos en ocho áreas (construcción, transporte, energía, equipos de oficina, papel, mobiliario, limpieza y eventos) que deberán ser revisados en 2010 por una comisión interministerial formada por Medio Ambiente, Economía y Administraciones Públicas.
Concepción Toquero, subsecretaria de Medio Ambiente, subraya la importancia de este plan, al que le acompañará posteriormente un reglamento en el que se incluirán los criterios medioambientales que deberán cumplir las empresas que opten a los concursos públicos. 'A la empresa que opten en un concurso de suministro público se le exigirán una serie de requisitos de solvencia y de eficiencia medioambiental que hasta ahora no se requerían', aclara.
El plan afectará en primer término a los consumos de agua y energía que hacen los edificios de la Administración General del Estado. El objetivo pasa porque el consumo de energía descienda un 9% hasta 2010, para reducir la factura energética y la dependencia energética de los combustibles fósiles, y porque el consumo de agua baje un 20%, en línea con lo que estipula la Directiva Marco del Agua, que entrará en vigor a partir de 2010. En el caso de la energía, el plan opta por la obligatoriedad de medidas que incentiven el menor uso de aparatos que consumen electricidad y la progresiva sustitución de fuentes de energía alimentadas con combustibles fósiles por otras que lo hagan con energías renovables.
Materiales reciclados
Asimismo plantea un cambio de esquema en cuanto al conjunto de obras de construcción, ya sean grandes o menores, que tiene que realizar la administración pública. 'Los requisitos incluidos en los concursos fomentarán la utilización de materiales reciclados o fácilmente recuperables', apunta. Entre los objetivos también se fija como obligatorio que todos los edificios cuenten con un sistema de recogida selectiva de residuos antes del 31 de diciembre de 2008. Pero quizá la reforma más ambiciosa se refiere al parque móvil de la Administración General del Estado, compuesto en la actualidad por 1.182 vehículos, de los que tan sólo 270 cumplen con los criterios medioambientales impuestos en el plan. La meta fijada por el Ejecutivo es que la mitad de los vehículos que formen parte del mismo respondan a los requisitos técnicos (un consumo del 30% en biodiésel y del 85% de bioetanol) en 2012 Toquero resaltó otra medida incluida en el plan, como que todos los coches de incidencia públicos (aquellos que se utilizan para recorridos pequeños, en especial urbanos) sean híbridos, lo que permitirá un uso mínimo del motor tradicional, en beneficio del eléctrico, que es el que mueve el coche en las marchas cortas. Otro apartado interesante se refiere al papel utilizado en las oficinas; con el objetivo de evitar su uso indiscriminado, el plan fija una meta de reducción del 20% entre 2010 y 2015 y establece que el 50% del papel que se utilice en instalaciones públicas tiene que ser reciclado en 2010.En detalle
Antes de anunciar el plan de compras públicas, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, ya puso como ejemplo el trabajo del Ministerio de Medio Ambiente, que implantó en 2007 un plan para reducir un 40% el consumo de energía en sus dependencias y que ya disponía de un surtidor de biodiésel en sus instalaciones para los coches oficiales. Ahorro del 9% en el consumo de energía y del 20% en agua- Los edificios de la Administración General del Estado deberán reducir un 9% el consumo de energía antes de 2010 y un 20% antes de 2016.
- Todas las dependencias públicas estarán obligadas a la instalación de perlizadores (elementos que reducen el consumo de agua) para ahorrar hasta un 20% en su factura antes del 31 de diciembre de 2010.
- Uno de cada dos coches deberá consumir en 2012 un mínimo del 30% de biodiésel o un 85% de bioetanol
- Todos los equipos informáticos que se compren para oficinas públicas deberán incluir la etiqueta energy star antes del 31 de diciembre de 2010.
- El uso del papel deberá reducirse de forma progresiva. El objetivo es rebajar un 40% las publicaciones en soporte papel antes de 2015.Los productos con un contenido superior al 10% de madera no podrán haber sido tratados con pesticidas. Del mismo modo, el mobiliario deberá contar con una garantía de recambios en cinco años.
