El PE pide que todo el sector aéreo reduzca en un 10% las emisiones de CO2 a partir de 2011

(Europa Press).- El Parlamento Europeo reclamó hoy se incluya a partir de 2011 al sector aéreo en el régimen de comercio de emisiones para vuelos tanto interiores en la UE como los operados desde o hacia países terceros, que a partir de esa fecha no podrán emitir más de un 90% de la media de las emisiones registradas en 2005, 2006 y 2007. Al contrario de lo que propone la Comisión Europea, la Eurocámara quiere incluir en este sistema también a los vuelos oficiales que hacen los jefes de Estado y de Gobierno. El Pleno adoptó este lunes un informe que respalda la intención de la UE de incluir a la aviación en el sistema de intercambio de emisiones, que asigna una cantidad determinada de derechos de emisión a cada operador y permite comerciar estos derechos con otros operadores y sectores del régimen comunitario. Sin embargo, la Eurocámara pide endurecer las condiciones que prevé la Comisión, puesto que, por lo que respecta a la fecha, el Pleno indica que a partir de 2011 todos los vuelos deberán estar sujetos a este sistema, en lugar de lo que propone Bruselas, que fija para 2011 la inclusión de los vuelos nacionales, pero prefiere dejar para 2012 los vuelos hacia y desde países terceros. Por lo que respecta a la cantidad de emisiones, el Pleno quiere deducirlas en un 90% con respecto a la media de 2005, 2006 y 2007, mientras que la Comisión propuso que la cantidad de derechos de emisión asignada a los explotadores corresponda al 100% de la media anual de emisiones entre 2004 y 2006. Además, el Parlamento prevé en su informe futuras revisiones de la cantidad de derechos asignados, que dependerá del compromiso que se fije la UE para la emisión total después del año 2012, que podría oscilar entre el 30% y el 20%. Por otra parte y para que el nuevo sistema permita el acceso al mercado de nuevos explotadores de aeronaves, el Parlamento pide que a partir de 2011, el 25% de los derechos se asigne mediante subasta y que se reserve una proporción de esos derechos a los nuevos participantes, algo que no menciona la Comisión en su propuesta.