España llega a Bali sin los deberes hechos

(lavanguardia.es).- España acude a la cumbre del clima en Bali sin tener hechos los deberes que le impone la firma del protocolo de Kioto contra el cambio climático. Nuestro país obtiene un suspenso rotundo en este examen, según el informe del Observatorio de la Sostenibilidad del Ministerio de Medio Ambiente. Las emisiones de gases invernadero se habían incrementado en el 2006 un 48% por encima de las de 1990, cuando España sólo puede aumentarlas un 15% hasta el periodo 2008-2012 (con relación a 1990). El Informe de Sostenibilidad 2007 afirma que España deberá llevar a cabo "esfuerzos adicionales importantes" para alcanzar la meta de Kioto, y reclama medidas complementarias en materia de fomento del transporte público colectivo o impuestos verdes para los carburantes fósiles. "Es necesario aumentar la conciencia de la población y de las administraciones y empresas para afrontar seriamente el desafío del cambio climático", dice el informe. España redujo en el 2006 las emisiones de gases invernadero un 4,1% respecto al 2005 (cuando se alcanzó un aumento tope del 52%). Ese año se redujo un 1% el uso de energía primaria (petróleo, gas, carbón...), mientras que el PIB creció un 3,9%; y eso hizo pensar que se había hecho un uso más eficiente de la energía. Analizados aisladamente estos datos podrían hacer pensar que la situación se está reconduciendo. Sin embargo, algunos expertos temen que se trate sólo de una tendencia coyuntural (relacionada con el aumento de la producción hidroeléctrica o el aumento de los precios del petróleo en el 2006), por lo que falta por ver el comportamiento de este año. La ruta de Kioto. Pero ¿cómo va reducir España sus emisiones de gases si ya las ha incrementado un 48% y sólo podía hacerlo un 15%? La solución va a ser muy difícil. El Gobierno se plantea que este incremento sea en realidad del 37% (pues junto al 15% de aumento autorizado sumará otro 20% con la adquisición de derechos de emisión a terceros países y otro 2% al contabilizar los bosques, que absorben y neutralizan el CO2). Es así como piensa quedarse a sólo el 11% de la meta de Kioto. Ir más allá supondrá aplicar fuertes medidas de reducción de gases en el transporte y la edificación (residencial, institucional, servicios...). Las razones de este incumplimiento vienen de lejos. Tras una mala negociación en Kioto, el gobierno del PP apenas fomentó las medidas para reducir los gases invernadero, mientras que el PSOE ha impulsado numerosos planes, pero algunos se han demorado a la segunda parte de su mandato o aún no ha demostrado su efectividad. Las grandes industrias empiezan a cumplir (forzadas por las directiva europeas), pero los gases atribuibles al ciudadano, a las pymes y al comercio no tienen freno de nadie. El Gobierno ha impulsado los planes nacionales de asignación (que han fijado los topes de CO2 a las grandes industrias: que deben comprar sus derechos de emisión si superan los cupos o topes anuales asignados), así como el plan de fomento de las energías renovables. También se ha aprobado el nuevo código técnico de la edificación, o las 198 medidas urgentes contra el cambio climático (como la modificación del impuesto de circulación que establece el gravamen en función del CO2 emitido). Sin embargo, todo esto no bastará. Y España tendrá que adquirir 100 millones de toneladas de gases invernadero anuales durante los próximos cinco años. Esto significará un coste de unos 700 millones de euros anuales y un total de 3.500 millones de euros en el periodo 2008-2012. La ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, se congratuló de que el cambio climático se haya situado entre las cuestiones que más preocupan a la opinión pública y ocupan la agenda política, y se marcó como un nuevo reto conseguir que "también nos demos cuenta de la importancia del patrimonio natural y de la biodiversidad". "Se puede generar actividad económica y, a la vez, reducir la contaminación y proteger las especies", dijo. Además del cambio climático, el Informe de Sostenibilidad repasa otros indicadores ambientales: Presión urbanística. El proceso de ocupación de las costas españolas continúa su avance imparable. Un 41% de la franja de los primeros 200 metros del litoral está construida. Si continúa el mismo ritmo de ocupación de los dos primeros kilómetros sufrida entre 1987 y el 2000, el espacio dedicado a viviendas, zonas industriales, comercios e infraestructuras ocuparían más de 90.000 hectáreas en el 2020, de las 278.000 existentes. Tomando el mismo modelo de proyección, los expertos calculan que en menos de 50 años los primeros dos kilómetros de costa de la provincia de Alicante estarían completamente edificados. Sólo en la Costa del Sol y en la Costa Blanca (Alicante), con 376.000 viviendas secundarias, se acumula el 27% del total de estas construcciones de segunda residencia. Según el estudio, la presión urbanística en la costa tiene que ver con la valorización del mercado inmobiliario, el aumento del turismo y el aumento de los vuelos de compañías aéreas de bajo coste. Este crecimiento de las segundas viviendas conlleva la sobrecarga de los recursos, la infraestructura urbana y los servicios, sobre todo en la época estival". Infracciones ambientales. El informe destaca un aumento de los delitos contra el medio ambiente, que se relaciona con el nombramiento del fiscal especial contra los delitos relativos a la ordenación del territorio. En concreto, en cuanto a irregularidades urbanísticas, el año pasado se cursaron 7.258 infracciones y fueron detenidas 359 personas. Sin embargo, la inmensa mayoría (6.650) fueron de carácter administrativo. Sólo 567 se tramitaron como delito. En el 2005, el número de condenados por delito ambiental fue de 219 (60 en Andalucía, 31 en Murcia, 23 en Catalunya, 23 en Extremadura). Más especies en peligro. El calentamiento también influye en la merma de la riqueza biológica. El estudio alerta de la "preocupante situación de nuestros ecosistemas". Entre 1990 y el 2006 el volumen de especies amenazadas ha crecido un 34,6%, en su mayoría, vertebrados. Andalucía, Catalunya, Comunidad Valenciana y Castilla-La Mancha son las autonomías con un mayor número de especies en las categoría de en peligro crítico y en peligro.