Gobierno y agentes sociales dan un nuevo paso para crear un Consejo Estatal de RSE

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La Comisión de Seguimiento y Evaluación del Diálogo Social, integrada por miembros del Gobierno y diferentes interlocutores sociales (CEOE, Cepyme, UGT y CC.OO.), ha llegado a un acuerdo para aprobar el documento 'Responsabilidad Social de las Empresas. Diálogo Social' con el que se pretende crear un marco regulador a través de un Consejo de Responsabilidad Social de las Empresas.

El futuro Consejo de RSE será "un órgano colegiado, asesor y consultivo del Gobierno, que se constituye como un foro de debate sobre esta materia y que estará integrado, de forma paritaria y cuatripartita, por representantes de las organizaciones empresariales y sindicales; las Administraciones Públicas y otras organizaciones e instituciones representativas en el ámbito de la RSE", indica el sindicato UGT en un comunicado.

Además, el Consejo podrá constituirse como observatorio de la RSE en España y "permitirá mejorar y ampliar la intervención sindical en los distintos ámbitos, fundamentalmente en los sectores y en las empresas".

Esta inicitiva forma parte de la demanda fijada por el documento aprobado hoy en el que se establece que "las políticas públicas deben propiciar un mayor grado de implicación de las empresas en las prácticas de responsabilidad social".

Conjunto de compromisos


Por otro lado, el documento define la RSE como "un conjunto de compromisos de diverso orden económico, social y ambiental, adoptados por las empresas, las organizaciones e instituciones públicas y privadas y que constituyen un valor añadido al cumplimiento de sus obligaciones legales, contribuyendo a la vez, al progreso social y económico en el marco de un desarrollo sostenible".

El texto entiende que las empresas no sólo deben preocuparse de los accionistas, sino que también deben adquirir compromisos con los trabajadores, la sociedad, el territorio en el que desarrollan su actividad, el medio ambiente o los consumidores, entre otros sectores.

Por todo ello, se estipula que la Responsabilidad Social "es un modelo económico sostenible, responsable y con plena participación de los interlocutores sociales". Asimismo, debería "dar respuesta a la necesaria transformación de las empresas".

En cuanto a las medidas que se llevarán a cabo, el texto recomienda que no se limiten "a la tradicional acción social y el patrocinio y mecenazgo de acciones culturales y deportivas" ya que también tiene relación con otras prácticas como "el respeto y la promoción de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción, la extensión de las buenas prácticas laborales, el impulso del empleo estable, las políticas de igualdad, la incorporación al mercado de trabajo de los colectivos con especiales dificultades, la adopción deestrategias de adaptación al cambio o la implementación de procesos productivos y servicios respetuosos con el medio ambiente", entre otros aspectos.

Además, el documento subraya que las prácticas de RSE "no deben, en ningún caso, ser sustitutorias de los derechos y obligaciones regulados en las leyes y convenios".

Por último, a modo de conclusión, se enumeran una serie de principios por los que se debe regir la RSE: "la voluntariedad; la adaptación a sectores, contextos geográficos y tamaño de las empresas; y la participación de los representantes legales de los trabajadores".

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