La CE propone una directiva para castigar los delitos de contaminación del mar

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La Comisión Europea quiere que se castigue a los capitanes, armadores y propietarios de los barcos que contaminen el mar incluso con sanciones penales lo suficientemente duras para disuadir la piratería o la negligencia ecológica.

El plan para aumentar los castigos contra los delitos verdes, que aún debe ser aprobado por los gobiernos de los Veintisiete y la Eurocámara, supondrá penas para los responsables desde los vertidos de petróleo hasta la mala gestión de las basuras, sea de forma intencionada o involuntaria, en aguas territoriales de un miembro de la UE, puertos, zonas económicas exclusivas o alta mar, es decir en la gama más amplia de posibilidades.

La directiva cubre el vacío legal dejado por la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión, que anuló en octubre la anterior legislación europea, de 2005, por un problema de procedimiento, e indicó que las sanciones deberían ser penales.

La sustituta, que deja flexibilidad a los Estados para decidir la consideración del delito, podría aplicarse con relativa rapidez, sobre todo ahora que los gobiernos europeos, después de varios vertidos, como el de Erika, frente a las costas francesas, o el del Prestige, han legislado en sus propios países contra la contaminación marítima.

La Comisión propone que la directiva entre en vigor seis meses después de su aprobación y, a continuación, los Estados precisen hasta dónde llegan las penas «proporcionales, disuasorias y punitivas».

El proyecto para reforzar la directiva de protección medioambiental también perseguirá a los Estados miembros que no hagan lo suficiente para que se cumplan las normas comunitarias y apliquen de forma incorrecta la legislación contra la contaminación marítima, un paso que podría afectar a casos como el del New Flame, el barco encallado enfrente de Gibraltar.

Sin embargo, aquí la histórica disputa sobre a quien pertenecen las aguas alrededor del Peñón entre España y Reino Unido complicaría la tarea de la Comisión sobre a qué país abrirle el expediente.

EL MUNDO

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