Según el Observatorio «Ciudades por los bosques» de WWF apenas se ha actuado en nuestro país para luchar contra la compra pública de madera procedente de talas ilegales. Hace tres años, la Ley de Montes demandaba medidas sobre este aspecto a las Administraciones, pero los avances son mínimos.
De los 341 ayuntamientos analizados, sólo 6 han llevado a cabo medidas para evitar las compras de productos forestales de origen ilegal o insostenible. Otros 32 han mostrado su compromiso pero no han tomado medidas concretas.
