Lucha contra el cambio climático marca las propuestas energéticas de partidos

Los programas de PSOE, PP e IU reflejan la evidencia del cambio climático y la importancia del desarrollo sostenible y el respeto al medioambiente al abordar el problema de la energía, que en esta cita electoral trasciende el ámbito económico para convertirse en una política transversal. El fomento de las energías renovables y las medidas de eficiencia y ahorro, sobre todo estas últimas, son los asuntos con más protagonismo y espacio dentro de los programas, los que presentan un mayor grado de consenso entre las tres formaciones y donde se concentran más propuestas concretas. En el polo opuesto se encuentra la energía nuclear, donde la oferta política se mueve entre la calculada ambigüedad de PSOE y PP y la oposición abierta y explícita de IU. Los populares aseguran que las renovables tendrán 'un papel central' en su política, para lo que apuestan por la creación de una Ley de Energías Renovables, cuyo contenido no se especifica, una 'guía práctica' sobre estas fuentes energéticas destinada a los consumidores y programas específicos de I+D+i para su desarrollo tecnológico. En cuanto al ahorro y la eficiencia, el PP promete un plan para lograr un uso generalizado del gas natural y el hidrógeno en el transporte público urbano e incentivos fiscales a las compañías que cumplan determinados requisitos de ahorro energético. Para reducir el consumo de energía y las emisiones de CO2, el PSOE propone un Plan Nacional de Rehabilitación de la Edificación, que incluye la rehabilitación de 500.000 viviendas y edificios en la legislatura y que contará con una subvención directa de 1.000 millones y una nueva línea de crédito del ICO de 2.000 millones anuales. Además, plantea un Plan de Renovación Urbana dirigido a la mejora energética de edificios públicos y más medidas dirigidas al fomento del transporte público y la movilidad urbana. En estos dos capítulos el PSOE aprovecha para hacer balance de su gestión y recordar los avances registrados en ambos campos gracias a medidas como el Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010 o los dos planes de acción para el ahorro energético puestos en marcha en los últimos cuatro años. La asignatura Educación para la Ciudadanía incluirá contenidos para contribuir a crear hábitos de consumo energético responsable. IU se remite a la puesta en marcha de su proyecto de Ley de Ahorro y Uso Eficiente de la Energía, presentado en el Congreso en enero pasado, con la que quiere alcanzar el 30 por ciento de energías renovables en 2020, un 10 por ciento más que el objetivo europeo (cifra que siempre toman como referencia PP y PSOE). La coalición apuesta por un Plan de Rehabilitación de viviendas que incorpore las renovables a los inmuebles con una inversión pública de 2.000 millones al año. En materia nuclear, la formación que lidera Gaspar Llamazares es la más clara: aprobar en el primer año de legislatura un plan de cierre escalonado de las centrales al final de su vida prevista. La de Garoña (Burgos) se clausurará en 2009. El PP quiere impulsar 'un consenso con las principales fuerzas sociales y políticas' para mantener los actuales emplazamientos, 'gestionar la vida útil de las centrales existentes en línea con las tendencias internacionales' e 'intensificar los recursos y el esfuerzo investigador para la completa reutilización de los residuos'. El PSOE mantiene su 'compromiso de sustitución gradual' de la nuclear por 'energías seguras, limpias y menos costosas, cerrando las centrales de forma ordenada en el tiempo al final de su vida útil' y con la prioridad de la seguridad del suministro y 'el máximo consenso social'. En el resto de asuntos, muchas coincidencias (mejorar la gestión de la demanda, reducción de la dependencia exterior, impulso a las interconexiones y a los almacenamientos de gas) y algunos asuntos ya puestos en marcha. Dos ejemplos: el PP propone diseñar un sistema de retribución de la distribución de gas y electricidad, cuando desde el sector gasista no se ha reclamado y el Gobierno aprobó el nuevo Real Decreto de distribución eléctrica este mes de febrero. El PSOE apuesta por una nueva regulación de los niveles mínimos de calidad del servicio eléctrico, cuando el mencionado decreto incluye penalizaciones e incentivos en función de la calidad del suministro. EFE