La propuesta de ley pretende crear un marco normativo que impulse el transporte colectivo y el no motorizado y sirva para orientar a las administraciones locales autonómicas en sus políticas de transporte.
La propuesta la han realizado Izquierda Unida, CCOO, Ecologistas en Acción, WWF/Adena, Greenpeace y Los Verdes, en vistas del preocupante aumento de las emisiones del transporte en los últimos años. En 2007 estas emisiones aumentaron un 97% con respecto a 1990. Pretenden dar unas directrices que alejen las actuaciones de la Administración de la tendencia a la creación constante de nuevas infraestructuras de transporte, sin incluir en la planificación medidas de movilidad sostenible.
El PSOE y el PP tienen la intención de rechazar esta propuesta, alegando que antes de proponer una ley de este tipo se debe consultar con el sector del transporte y con los representantes de autonomías y ayuntamientos.